Lunes, 12 Septiembre 2011 17:16

El Ministerio de Economía consintió al Ayuntamiento de Alcorcón sobreendeudarse y eludir la Ley de Estabilidad

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El 27 de junio de 2008, el anterior Gobierno de Alcorcón suscribió un préstamo de 22 millones de euros (3.660 millones de pesetas) con el fin de solucionar los problemas de tesorería que acuciaban al Ayuntamiento.

El 29 de mayo de ese mismo año, el Interventor General había emitido un informe según el cual “el presupuesto general del Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio 2008 aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 17 de enero de 2008 incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria (…) por lo que la concertación de la operación de crédito que se propone requiere de previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda”.

En el expediente de la solicitud de este préstamo, según informe de la Asesoría Jurídica Municipal del 19 de junio de 2011, “…no puede acreditarse que se tramitara la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda…”, con la consiguiente presunta violación, por tanto, de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Según el alcalde de Alcorcón, David Pérez, “el Ministerio de Economía permitió al Ayuntamiento que se endeudara de forma irregular mientras a otros ayuntamientos se lo estaba impidiendo. El Ministerio era consciente de la existencia de este préstamo y no actuó, y el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento también sabía, por un informe del interventor municipal, de la necesidad de pedir la autorización al ministerio para poder suscribir el préstamo de legislatura”. En palabras de Pérez, “podríamos estar ante un posible caso de prevaricación”.

Incumplimiento de cuantías y plazos en la amortización del crédito

En las condiciones del préstamo solicitado, se establecía el pago del mismo en tres cuotas anuales por valor, incluyendo amortización e intereses, de 7.333.333,33 euros. La primera cuota fue satisfecha en el plazo acordado el 30 de junio de 2009. Pero es a partir de 2010 cuando comienzan a incumplirse dichos pagos. De hecho, la Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre de 2010, ante los graves problemas de tesorería que tenía el Ayuntamiento, decide cambiar el calendario de amortización. Según esta modificación, el anterior Gobierno debía pagar desde el 30 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011 cuotas mensuales de 1.222.222,16 euros. Si bien se cumplió con las tres primeras, es a partir de la cuarta cuota cuando comienzan a incumplirse los importes y las fechas de pago. Aún así, el 28 de diciembre de 2010, con un pago de 2.158.822,74 euros, se abonaron los vencimientos pendientes de ese año.

Préstamo de legislatura impagado

Es en el año 2011 cuando las cuotas no son pagadas y, por supuesto, no se respetan los plazos, puesto que a 13 de junio de 2011 la deuda total del denominado préstamo de legislatura asciende a 5.615.353,59 euros, desglosado  en:

Principal pendiente 2.444.445,07 euros

Cuotas impagadas 3.168.264,07 euros

Intereses de demora 2.644,45 euros

El préstamo se suscribe con el Banco Santander

La Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2008, tras solicitar ofertas a diferentes entidades financieras, adjudicó la operación del préstamo de legislatura al Banco Santander. En las condiciones establecidas para la concesión del crédito, se fija una cláusula por la que si se dejara de pagar cualquier cuota, se aplicaría un interés de demora de un punto sobre el remuneratorio vigente. El total de los intereses por impago asciende a 2.644,45 euros.

Posible connivencia entre el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento socialista

Desde el año 2008, el Ministerio de Economía emite anualmente un informe denominado “Deuda Viva de los Ayuntamientos a 31 de diciembre”. Dicho informe nace de la información que los municipios envían al Ministerio, así como de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). Pues bien, en el de los años 2008, 2009 y 2010 aparece reflejada la operación de préstamo de legislatura suscrita por el antiguo gobierno socialista de Alcorcón y el Banco de Santander.

Siendo consciente el propio Ministerio de este crédito, así como de la obligatoriedad de su autorización para la suscripción del préstamo por no haber cumplido la anterior corporación de Alcorcón la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todo parecería indicar la existencia de cierta complicidad entre ambas administraciones para tapar una operación que, si se hubiera resuelto en el tiempo previsto, nadie se habría enterado de que no se pidió autorización al Ministerio.

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