Miércoles, 09 Abril 2014 18:24

#Alcorcón El #TSJM vuelve a dar la razón a @AytoAlcorcon frente a @ugtaytoalcorcon

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Segunda sentencia favorable al Consistorio en el litigio que el sindicato mantiene contra el acuerdo alcanzado por el primero con los trabajadores de la Empresa de Servicios Municipales (ESMASA)

El Tribunal confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles, que avalaba la legalidad del acuerdo alcanzado en diciembre de 2011 entre ESMASA y cuatro secciones sindicales (CCOO, CGT, CSIF y USO) para la reducción de salarios de los trabajadores de dicha empresa

Desestima el recurso de suplicación interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores a la sentencia del juzgado de Móstoles

La Sección nº2 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 28 de marzo de este año, ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Alcorcón frente a UGT sobre el acuerdo alcanzado por el primero con los trabajadores de la Empresa de Servicios Municipales (ESMASA) para la reducción de sus salarios con el fin de mantener la viabilidad de esta empresa pública.

En dicha sentencia, recibida hoy por el Ayuntamiento, el TSJM señala que "desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Social nº1 de Móstoles, en autos nº 910/2012, seguidos a instancia de FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MADRID contra AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN (…)".

Esta sentencia, ante la que cabe recurso de casación "para la unificación de doctrina", y que tendría que presentarse en un plazo de diez días, es la segunda favorable al Consistorio en el litigio que mantiene el sindicato UGT contra el acuerdo alcanzado por el primero con los trabajadores de ESMASA. Para que dicho recurso prosperara, el recurrente debería encontrar en la jurisprudencia una sentencia de un caso similar pero con fallo contrario al dictado por el TSJM.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles, en sentencia publicada el día 13 de septiembre de 2013, resolvió "DESESTIMAR la demanda interpuesta por la Federación de Servicios Públicos de la UGT contra la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., ABSOLVIENDO a la demandada de la pretensión ejercitada en su contra".

La sección sindical de UGT interpuso una demanda el 20 de junio de 2012 contra el acuerdo que habían alcanzado el 29 de diciembre de 2011 ESMASA y cuatro de los cinco sindicatos representados en ese comité por el que se establecía la reducción de salarios de los trabajadores de la empresa pública.

El acuerdo alcanzado en 2011, válido hasta 2015, permite ahorrar a ESMASA y, por tanto, al Ayuntamiento de Alcorcón, 3.370.000 euros anuales, repercutiendo esta cantidad, durante el periodo de diez años (de 2012 a 2022) en el Plan de Ajuste que el Consistorio se vio obligado a establecer, dada la insostenible situación económica que el Gobierno municipal heredó del Ejecutivo anterior.

Este ahorro llega desde una doble vertiente: por un lado, una rebaja salarial, pactada con los sindicatos tras ser votada y aprobada en asamblea por los trabajadores de Esmasa, de un 8,41%; y por otro, una contención del gasto en la propia gestión de la empresa, que sigue atendiendo todas las funciones que desarrolla actualmente: recogida de residuos, limpieza viaria, grúa municipal, mantenimiento de las instalaciones de refrigeración, fuentes públicas, gestión de Puntos Limpios, mantenimiento de señales semafóricas y de las instalaciones eléctricas de edificios, y limpieza de algunas dependencias municipales. Uno de los gastos también recortados deviene de la decisión de la directiva de ESMASA de otorgar el servicio de recogida del vidrio a la asociación sin ánimo de lucro Ecovidrio, que fue ratificada en el último Pleno municipal, y que supone un ahorro anual de otros 61.000 euros.

Los servicios económicos del Ayuntamiento de Alcorcón certificaron que la empresa pública ESMASA acumulaba una deuda cercana a los 12 millones de euros, lo que la colocaba en situación de quiebra. La única alternativa al cierre de la empresa, dada la insostenible situación financiera en la que la había colocado el equipo de Gobierno anterior, era un ajuste presupuestario en el que debían recortarse tanto los gastos de personal como los de explotación, situación que se expuso a los representantes sindicales y que fue la base de la negociación que condujo al acuerdo final en diciembre de 2011.

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